Hoy, 26 DE SEPTIEMBRE, POR NUESTROS DERECHOS. DE 18 H. A 21 H., en la Plaza del Museo Reina Sofía, Madrid.
La aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del 14 de marzo de 2009, ha dado lugar a un debate social en el que debemos hacer oír la voz plural y serena del movimiento feminista frente al griterío reaccionario.
La reforma de la legislación es urgente. La práctica del aborto en este país es aún fuente de inseguridad jurídica para las mujeres y para el personal sanitario. La legislación con que contamos desde 1985 supone la criminalización del derecho a decidir sobre nuestra maternidad, nuestros cuerpos y nuestras vidas. No debemos dejarnos intimidar, ni deben hacerlo el Gobierno y el Parlamento, por quienes desean en su afán totalitario que su "moral particular" sea ley universal, ni siquiera han dudado durante su campaña extremista en minimizar la criminalidad del Holocausto o los abusos sexuales contra menores, e incluso, en algún caso, han llegado a pedir la despenalización de la violación, desacreditándose a sí mismos. Pedimos, por tanto, que la reforma se lleve a cabo sin vacilaciones.
Exigimos que la nueva ley sea una buena ley. Nos dirigimos al Gobierno y al Parlamento para solicitar que el trámite legislativo mejore el anteproyecto. Señalaremos algunos de los aspectos en los que son más necesarias ciertas mejoras:
1. La primera, que el aborto voluntario se regule en una ley específica y deje de estar tipificado como delito. Para ello se requiere suprimir el artículo 145 del Código Penal vigente en su totalidad, y no sólo el apartado 2 como propone el anteproyecto. Mientras la IVE siga tipificada como delito se mantendrá la inseguridad jurídica, ya que se podrá castigar con la pena de multa a las mujeres y multa, inhabilitación especial y cárcel a profesionales.
2. Exigimos que la nueva ley no desproteja a las mujeres, obviando las situaciones en las que llevar a término el embarazo pueda suponer graves riegos para su salud física y/o psíquica. No hay ningún motivo que justifique el hecho de que una nueva ley dé un trato peor a las mujeres que la Ley de 1985. Además, es inadmisible que se aumenten el número de dictámenes médicos previos requeridos durante las primeras 22 semanas, a partir de las cuales se niega un derecho que ha estado reconocido durante 24 años con el aval del Tribunal Constitucional.
3. Es fundamental que la libre decisión de las mujeres no sea limitada a las 14 primeras semanas, plazo marcadamente insuficiente, no sólo respecto a las aspiraciones históricas del movimiento feminista sino también respecto a las legislaciones europeas más avanzadas, en las que se admiten plazos de libre decisión en torno a las 24 semanas.
4. Requerimos la supresión total de los requisitos de tipo administrativo propuestos en el anteproyecto, ya que suponen un cuestionamiento de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida, eludiendo que son responsables para marcar por sí mismas el espacio de reflexión que deseen antes de tomar sus decisiones.
5. Instamos al Gobierno a que mantenga la propuesta, recogida en el anteproyecto, de modificación del artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente para equiparar los derechos de las menores de 18 años ante una interrupción voluntaria del embarazo con aquellos que ya tienen ante las demás intervenciones sanitarias, tanto en el ámbito de la decisión como en el de la información a dar a las familias. En particular, queremos resaltar que si una joven tiene miedo de la reacción de su familia y eso la lleva a querer abortar sin informar a ésta, impedirlo provocaría un alto número de abortos clandestinos o su práctica en otros países.
6. Por último, a pesar de que la ley establece algunos criterios generales sobre Salud Sexual y Reproductiva que nos parecen correctos, su aplicación no queda garantizada por el escaso desarrollo que reciben. Por ello, señalamos, en tanto que convocantes de este acto, algunos aspectos que requieren una formulación más precisa:
- Regulación de las responsabilidades de los centros sanitarios y de la objeción de conciencia de sus profesionales, de forma que ésta no pueda llevar a que determinados centros sanitarios dejen de atender las IVES por ausencia de personal dispuesto a hacerlo.
- Equidad territorial y un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con posibilidades de acceso y proximidad similares en todos los territorios.
- Reconocimiento a los productos ligados a la anticoncepción del mismo tratamiento financiado que tiene otros medicamentos y productos sanitarios dentro del sistema sanitario público, así como la eliminación de todas las dificultades para el acceso a la anticoncepción de urgencia.
- Inclusión del aborto en los estudios de medicina, enfermería y otras profesiones socio-sanitarias, desarrollando acciones formativas que, desde el enfoque de género capaciten para su práctica tanto quirúrgica como farmacológica, con el fin de normalizar y de garantizar la preparación del conjunto de profesionales que la lleven a cabo.
- Impulso de la educación sexual con enfoque de género en los curriculums de enseñanza primaria y secundaria.
Mesa redonda: Salud sexual y reproductiva. Derechos desde una perspectiva laica y una perspectiva católica
Lunes 28 Septiembre
Hora: 19 h
Mesa redonda Salud sexual y reproductiva. Derechos desde una perspectiva laica y una perspectiva católica.
Con la participación de Cristina García Pascual (Universidad de Valencia), Elfriede Harth (Representante en Europa de Catholics for Choice - CFC), María Consuelo Mejía (Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir).
Foro de Debates.
Lugar: Universitat de València. LA NAU calle Universidad, 2
Aula Seminarios.
Organiza: Católicas por el derecho a Decidir miembras de la Plataforma pel Dret a Decidir de les Dones de València.
Fa trenta anys que tinc trentaaaaaanyssssssss
i encara no avorto, ni lliure ni gratuïtament (i no és per la menopausa...
)
La situació és crítica... hem de fer soroll
Dugueu cassoles, instruments, etc. Ens sentiran des de Sant Jaume al Bisbat.
Us voleu disfressar? Voleu ser bisbes per un dia? Polítiques? Metges? Farmacèutiques? Jutges? Prepareu la roba i veniu a la plaça.
28 de Septiembre. Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
ABORTO LIBRE, SEGURO Y GRATUITO, NUESTRO DERECHO
Entre 120 mil y 160 mil mujeres abortan cada año en Chile, con procedimientos clandestinos y a menudo insalubres que las colocan en riesgo de morir o sufrir graves secuelas médicas y psicosociales. Muchas son internadas de urgencia en hospitales donde son maltratadas y, en ocasiones, denunciadas por el mismo personal de salud que falta a su deber ético y a su función pública de acogerlas y respetar la confidencialidad de su caso. En su mayoría son mujeres pobres y adolescentes a quienes el estatus de ilegalidad absoluta del aborto las afecta con mayor dureza que a mujeres de mayores ingresos.
Al mantener la legislación punitiva, el Estado chileno transgrede gravemente su obligación de garantizar y proteger la vida y salud de las mujeres, imponiéndoles una maternidad que no desean o no pueden sostener. Esto afecta su derecho a la vida, la salud, la libertad, la autodeterminación, la privacidad, a no ser sometidas a injerencias arbitrarias y a verse libres de torturas y malos tratos, entre otros. Estos derechos han sido consagrados en el sistema internacional de derechos humanos a través de tratados ratificados por Chile, pero que incumple en la práctica.
El aborto inducido en Chile, como problema de salud pública, como demanda de derechos humanos y de justicia social, se inscribe en las luchas históricas de las mujeres por el reconocimiento de su ciudadanía plena que se expresa, en primer lugar, en la autonomía de sus cuerpos. Por lo tanto, la defensa de la libertad sexual y reproductiva y del control del propio cuerpo constituye un principio ético político no negociable. Por lo tanto:
Denunciamos el fracaso de la legislación punitiva del aborto que solo ha contribuido a poner en peligro a las mujeres pobres quienes continuarán interrumpiendo sus embarazos, con riesgo de sus vidas, en el mercado clandestino del aborto.
Rechazamos la doble moral de una institucionalidad que ensalza la maternidad pero no la reconoce como función social compartida, negándose a avanzar a los cambios culturales necesarios para el ejercicio de una sexualidad y reproducción sanas, protegidas y gozosas.
Condenamos toda injerencia indebida sea que provenga de sectores religiosos y/o políticos con la intención de arrogarse la tutela moral de la sociedad entera, en especial en temas relativos al cuerpo y a la intimidad de las personas.
Exigimos avanzar a la equidad en salud, garantizando servicios públicos de calidad y con una atención confidencial y respetuosa, en especial para mujeres pobres, rurales, indígenas, lesbianas, adolescentes, con amplia provisión de métodos anticonceptivos seguros y asequibles, prevención de infecciones de transmisión sexual, fomento de responsabilidad compartida de hombres y mujeres en estos ámbitos, así como también proveer una educación sexual integral y laica, entre otros.
Apoyamos las luchas libertarias y transgresoras de las mujeres en Chile y el mundo que buscan reafirmar los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de la competencia ética de las mujeres para decidir lo que corresponde sobre sus cuerpos, su sexualidad y reproducción, como por ejemplo, poniendo a su alcance la información más confiable sobre aborto seguro, desarrollando campañas públicas e incluso ofreciendo servicios solidarios de aborto en contextos punitivos.
Exigimos a los poderes públicos, a los tomadores de decisión, a las y los candidatos a cargos de representación popular, a reconocer a las mujeres como sujetas de derechos en todos los ámbitos de su vida, incluso y muy especialmente, en el ámbito de sus cuerpos. Una democracia no es tal si no permite que decidan, en libertad y autonomía, sobre sí mismas. Desde esta perspectiva, la interrupción segura y voluntaria del embarazo es un asunto de democracia.
Santiago, 28 de septiembre, 2009.
ARTICULACION FEMINISTA 28 DE SEPTIEMBRE
YO HE ABORTADO
Yo he abortado y siento alivio.
Yo he abortado porque no deseo más hijos.
Yo he abortado porque mi embarazo fue forzado.
Yo he abortado porque estoy sola y no tengo recursos.
Yo he abortado porque tengo 15 años y aún no quiero ser madre.
Yo he abortado porque me violaron. No quiero un hijo de un violador.
Yo he abortado porque no tuve acceso a métodos anticonceptivos.
Yo he abortado porque el condón se rompió.
Yo he abortado porque me negaron la anticoncepción de emergencia.
Yo he abortado porque el embarazo ponía en riesgo mi vida.
Yo he abortado porque mi hijo venía gravemente enfermo.
Yo he abortado porque en mi trabajo me podían despedir.
Yo he abortado y en el hospital me denunciaron.
Yo he abortado con mis hermanas, mis hijas, mis amigas.
Yo he abortado sola, con miedo y a escondidas.
Yo he abortado con mi pareja, y yo he abortado sin ella.
Yo he abortado en cuartos oscuros, sórdidos, donde las palabras no cuentan, y los dolores se callan.
Yo he abortado entre sábanas blancas y paredes impolutas, pero donde las palabras tampoco cuentan, y los dolores también se callan.
Yo he abortado porque la maternidad no está en mi camino.
Yo he abortado porque fue mi decisión.
Yo he abortado porque es mi derecho.
El panel debate “Nuevo Gobierno: ¿nuevas perspectivas sobre aborto en Paraguay?” tiene por objetivo debatir con autoridades parlamentarias y ejecutivas del nuevo gobierno acerca de las perspectivas sobre el aborto, su despenalización legal y el tratamiento desde la salud pública de sus consecuencias en la salud y la vida de las mujeres paraguayas.
